Según la información que parece haberse filtrado, existían dudas razonables sobre la composición del jurado, la presencia excesiva de delegados gubernamentales en él, la falta de anonimato y la escasa difusión de las puntuaciones y de los criterios utilizados durante la selección. Un jurado compuesto por miembros locales e internacionales debe ofrecer la garantía de que la propuesta elegida de entre las presentadas es la que ha considerado más adecuada para el contexto urbano y paisajístico, el clima, el programa museístico y el contexto social ecuatoriano. Un concurso público de esta importancia exige máxima transparencia, no solo una ceremonia de resultados.
Cuatro días después, uno de los miembros más destacados del jurado que había elegido al ganador, el ministro Roberto Luque, rechazó la propuesta ganadora, «Ecos del Sol», tras desatarse una arbitraria ola de críticas en una red social. El gesto fue institucionalmente devastador: el Estado dejó de defender sus propias reglas y convirtió la opinión instantánea sobre unos renders en argumento suficiente para ignorar meses de evaluación especializada. La renuncia de la viceministra de Cultura y las denuncias no corroboradas sobre presiones políticas agravaron la sospecha de que el problema nunca fue solamente arquitectónico.
Se anunció la realización de una nueva «fase final» que fue, en realidad, una tercera etapa inventada después del fallo y que tampoco resolvió el problema. En ella, cabe destacar que la participación ciudadana se planteó apresuradamente, enturbiando aún más el resultado, dado que los ciudadanos votaron con información limitada y sobre una preselección realizada conforme a reglas sobrevenidas.
Se modificó el jurado, se invitó nuevamente a algunos de los equipos seleccionados y se introdujo una consulta ciudadana con un peso insignificante del 15 % —recordemos que se declaró que, como el pueblo había hablado, era necesario repetir la selección—, frente al 85 % de la valoración técnica. Varios participantes decidieron retirarse, señal inequívoca de la arbitrariedad del proceso y de que la confianza ya se había quebrado. La participación pública, incorporada después de la controversia, pareció menos una política estable de democratización que un mecanismo para legitimar una decisión rehecha sobre la marcha.
Diversas instituciones internacionales hicieron declaraciones públicas en defensa de la limpieza de los concursos públicos. Diez de los grupos seleccionados suscribieron un manifiesto en defensa de la transparencia y el juego limpio en estos concursos. Y, sorprendentemente —sin que se haya hecho público entre qué grupos se realizó la selección—, una de las cuestiones más llamativas fue que algunos equipos de arquitectos se prestaron al juego político y, sin ningún pudor, continuaron participando en esta parodia de concurso.
Propuesta ganadora en la fase final del concurso para proyectar el nuevo Museo Nacional del Ecuador. «Estratos Vivos», de SANAA junto con A0, CPA y JHS.
Propuesta ganadora en la fase final del concurso para proyectar el nuevo Museo Nacional del Ecuador. «Estratos Vivos», de SANAA junto con A0, CPA y JHS.
El desenlace ahondó en el bochorno. Los terceros pasaron a ser los primeros, «Estratos Vivos», de SANAA junto con A0, CPA y JHS, ganó con 81,7 puntos, aunque no fue la propuesta preferida ni por los ciudadanos que participaron con 50.681 votos —que votaron mayoritariamente por Mario Cucinella con 21,047 votos (41.53 %), seguida por SANAA + A0-CPA-JHS, con 20,623 votos (40.69 %), y B720 Arquitectura & LERA, con 9,011 votos (17.78 %)— ni por el nuevo jurado técnico —que situó en primer lugar a B720 Arquitectura + LERA—. Ganó por la aritmética de una ponderación diseñada apresuradamente.
Nada de esto demuestra que el proyecto final sea arquitectónicamente mejor que el anterior, aunque pueda convertirse en un museo valioso. El problema es otro: una buena obra no corrige automáticamente un mal concurso. Un museo cuyo objetivo es conservar la memoria colectiva de un país comienza su propia historia acumulando un legado oscuro: la prueba de un proceso lesionado; la falta de criterio de los participantes finales en la defensa del trabajo arquitectónico; la muestra de la arbitrariedad de las instituciones del país, su sometimiento a la cuestionable voz de una limitada red social y el desprecio por el valor de la palabra pública.
